Ángeles Armisén, apuesta por unas medidas que tengan en cuenta a los municipios más pequeños, y reclama unidad para defender a la economía de las entidades locales para hacer frente a la recuperación económica de familias, autónomos y empresas.
La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Ángeles Armisén solicita al Gobierno de España que retome las negociaciones con la FEMP para elaborar un real decreto que sea justo y que solucione las necesidades que tienen los municipios y provincias derivadas de crisis sanitaria por Covid-19
El nuevo texto debe incluir los dos fondos de ayudas directas: uno incondicionado y otro para la financiación del transporte urbano, ambos, reclamados de forma unánime por la Junta de Gobierno de la FEMP el pasado 22 de mayo, además de la libre disposición de los remanentes por parte de los ayuntamientos y diputaciones para destinarlos a los proyectos y políticas que necesiten.
Además, Ángeles Armisén, insiste en “la necesidad de tener en cuenta los criterios de ruralidad, más aun en una comunidad como Castilla y León, con 2248 municipios, de los que el 80 por ciento tiene menos de 500 habitantes”
Por todo ello deben retomarse las nuevas negociaciones para establecer unos criterios de reparto justos, “ que se basen en la igualdad y en la solidaridad, del mismo modo que se ha hecho en las comunidades autónomas con el fondo de 16.000 millones habilitado por el Gobierno de España
La nueva negociación debe basarse en “los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP, los pasados 2 abril y 22 de mayo, en los que se reclamaba al Gobierno de España un sistema de ayudas para todos los ayuntamientos que permitiera hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del covid-19, prestando especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y a un segundo de 1.000 millones destinado al transporte. Además, la presidenta de la FRMP defiende que El nuevo real decreto incluya la que los ayuntamientos puedan gastar sus superávits, la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla del techo de gasto para 202 y 2021.
La gestión de ayuntamientos y diputaciones ha sido imprescindible durante esta pandemia, estando al lado de sus vecinos, siendo los más cercanos y manteniendo la prestación de servicios con sus propios recursos. En estos momentos, más que nunca, son necesarias estas ayudas financieras que permitan a las entidades locales mantener sus servicios y ayudar a la reconstrucción económica y social de nuestra comunidad.